Los juicios por lesa humanidad no se iniciaron con el gobierno actual, en realidad
fue el Presidente Ricardo Alfonsín, quien el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, sancionó los decretos 157 y 158. El primero ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; y el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta
la Guerra de las Malvinas.
El mismo día creó una Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares. Con el fin de dar un fuerte apoyo a la investigación sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura, el presidente Alfonsín creó una comisión de ciudadanos notables, que llamó Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas (CONADEP).
Luego, el Presidente Menem, a través de la ley de Punto Final y Obediencia debida, estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas.
Por su parte el presidente, Néstor Kirchner, reclamó
a
la Justicia que “acelere” los juicios contra los represores de la última dictadura militar, como así también
le ordeno al jefe del ejército, descolgar
los cuadros de dictadores que se encontraban en
la Casa Rosada como Videla, Bignone, Masera y otros.
La actual presidenta, Cristina, continúa con el mismo énfasis acelerando los juicios de lesa humanidad.
El de la imagen que presenta la activida es Jorge Rafael Videla.